La investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es un componente fundamental de la justicia transicional. Tiene sus raíces en los tribunales penales internacionales en la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Las investigaciones y juicios de líderes poderosos (ya sean políticos o militares) ayudan a fortalecer el estado de derecho y envían una fuerte señal de que tales crímenes no serán tolerados en una sociedad respetuosa de los derechos.
Los juicios siguen siendo una exigencia clave de las víctimas. Cuando reflejan las necesidades y expectativas de las víctimas, pueden desempeñar un papel vital en la restauración de su dignidad, la administración de justicia y la reconstrucción de la confianza en las instituciones estatales.
Pero los procesamientos judiciales no pueden lograr la justicia por sí solos. La gran escala de tales delitos significa que a menudo no pueden ser procesados a través del sistema de justicia penal ordinario, lo que genera una “brecha de impunidad”. Las estrategias más efectivas de enjuiciamiento para delitos a gran escala a menudo se centran en quienes planificaron y organizaron los delitos, en lugar de en aquellos de menor rango o responsabilidad.
La implementación de estrategias de enjuiciamiento con otras iniciativas, como programas de reparación, reforma institucional e iniciativas de búsqueda de la verdad, puede ayudar a cerrar la brecha de impunidad en el proceso de abordar delitos con un gran número de víctimas y perpetradores.
Enjuiciamientos domésticos
Los enjuiciamientos por delitos internacionales tienen un mayor potencial de impacto cuando se llevan a cabo a nivel nacional, dentro de la sociedad donde ocurrieron los delitos. Sin embargo, las sociedades que emergen de un conflicto o en transición a menudo carecen de la voluntad política para enjuiciar estos delitos, y los sistemas legales pueden ser débiles o desordenados.
Incluso los sistemas legales sofisticados, que se ocupan principalmente de los delitos comunes, pueden carecer de la capacidad para abordar dichos delitos de manera efectiva, a pesar de los avances en los esfuerzos internacionales para coordinar la documentación, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos internacionales bajo los principios de la jurisdicción universal. Podemos ver como ejemplos el enjuiciamiento de Augusto Pinochet y la respuesta a las atrocidades masivas ocurridas en Siria. La aplicación de los principios de la jurisdicción universal, que permiten el ejercicio de la jurisdicción sobre un acusado independientemente del lugar donde se cometió el presunto delito o de la nacionalidad o residencia del acusado, ha llevado a la condena, por ejemplo, del dictador exiliado de Chad, Hissène Habré, por cargos de tortura.
Enjuiciamientos Internacionales
Estos problemas a veces pueden requerir otros tipos de enfoques internacionales que se basen en las mejores prácticas de otros lugares, por ejemplo, a través de los tribunales penales internacionales mencionados anteriormente, o cortes o tribunales “híbridos”compuestos por actores judiciales internacionales y nacionales. Estos tribunales se han creado en Sierra Leona, Bosnia, Timor-Leste y Camboya.
Corte Penal Internacional
En 2002, el Estatuto de Roma estableció la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI investiga y enjuicia a las personas responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de julio de 2002, en los casos en que los países no quieran o no puedan hacerlo.
Según el principio de “complementariedad” del Estatuto de Roma, los tribunales nacionales siguen teniendo el deber de impartir justicia. Como tal, la CPI sigue siendo un tribunal de último recurso. En los últimos años, los tribunales nacionales han asumido cada vez más este papel.
