A la vez que el Archivo Público de São Paulo anunciaba esta semana el acceso público a casi un millón de documentos secretos de la dictadura, y de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de la Verdad, Brasil parece estar aumentado sus esfuerzos por conseguir la rendición de cuentas sobre las violaciones que tuvieron lugar durante el régimen militar entre 1964 y 1985 ante los tribunales.
Durante la dictadura brasileña, más de 475 personas fueron desaparecidas y miles fueron detenidas y torturadas, según organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch. Han pasado casi 30 años desde el fin de la dictadura, pero las primeras demandas penales sobre delitos de esa época no han comenzado a avanzar en los tribunales brasileños hasta hace muy poco.
En esta entrevista hablamos con el fiscal federal Marlon Weichert, una de las personas que ha conseguido que en Brasil crezca la esperanza de lograr la rendición de cuentas.
Brasil es uno de los muchos países latinoamericanos en los que se aplicó una ley de amnistía durante la transición de la dictadura a la democracia. Esta ley -aún vigente- continúa jugando un papel esencial con respecto a las iniciativas que aspiran a la rendición de cuentas de los crímenes de esa época.
Recientemente hemos asistido a dos pronunciamientos que, en cierto sentido, han polarizado las posiciones a ese respecto. Por una parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que la ley de amnistía no debería impedir a las autoridades investigar y juzgar las violaciones de derechos cometidas durante el régimen militar. Por otra, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha refrendado la validez de la ley de amnistía, considerando que fue un acuerdo político al que se llegó en un momento muy delicado de la historia del país. ¿Dónde se sitúan las iniciativas de búsqueda de rendición de cuentas entre esos dos pronunciamientos y cómo están influyendo en su capacidad para juzgar tales crímenes?
Ésta es una cuestión muy importante, porque la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que Brasil se enfrente por primera vez a una decisión de un tribunal internacional que suscita cierto debate sobre la compatibilidad del derecho humanitario internacional y el poder judicial nacional.
Anteriormente, algunos casos brasileños habían llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todos tenían que ver con medidas ejecutivas destinadas a garantizar un mayor respeto a los derechos humanos. Ésta es la primera vez que nos debatimos entre una sentencia del Supremo Tribunal de nuestro país y otra del tribunal internacional. Así que no sabemos muy bien qué le parecerá esta situación a la corte brasileña.
|
Pero creemos que es necesario conseguir que ambos colaboren. En realidad, el Supremo Tribunal de Brasil tiene el deber de dar garantías, de fortalecer nuestra Constitución. Y, por supuesto, la función principal del tribunal internacional es defender la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ambos están haciendo su papel. De lo que aquí se trata es de comprender que la ley de amnistía de Brasil debe ser compatible con la Constitución del país y, según la opinión del Supremo Tribunal, sí lo es. |
No es mi opinión, pero sí la de ese tribunal. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que esa ley de amnistía no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así que, en mi opinión, hay que tomar una decisión en dos fases. Y si la ley no supera la primera, que tampoco es vinculante, esa cuestión penal tendrá que dilucidarla el Supremo Tribunal. Esperamos que éste reconozca que, aun en el caso de que la ley fuera compatible con la Constitución, el mero hecho de que no lo sea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos basta para que haya que cambiar la posición brasileña respecto a la responsabilidad penal de los autores de violaciones de derechos humanos.
La amnistía fue un instrumento que permitió la transición entre la dictadura y la democracia. En anteriores declaraciones ha señalado usted que esa idea se ha incorporado a la conciencia pública, incluso a la de las víctimas y sus familias, que están pidiendo justicia. En su opinión, ¿por qué es entonces importante lograr que, después de 30 años, se rinda cuentas por vía penal de esos casos?
Bueno, creo que es muy importante porque el Estado no puede garantizar impunidad a los autores de graves violaciones de los derechos humanos. La impunidad va en contra del propio sentido del Estado. En la época contemporánea, el principal propósito de un Estado es defender, es garantizar el respeto a los derechos humanos, no vulnerarlos.
Así que, desde un punto de vista político y social, es muy extraño que un Estado pueda vulnerar los derechos humanos y concederse después impunidad, y que de ese modo se pueda evitar incluso que en el futuro la sociedad debata e investigue esos hechos. Quiero decir que es muy fácil para un Estado o un régimen autoritario vulnerar los derechos humanos y aprobar una amnistía para sí mismo o sus agentes.
Así que, lo importante en este caso es ¿por qué yo, un ciudadano brasileño, ante una Constitución que ha puesto en peligro los derechos humanos, por qué tengo que acatar una decisión que no tomó el pueblo sino los perpetradores de esos crímenes?
Aunque esta ley de amnistía sirviera durante cierto tiempo para permitir la transición, me parece que decir eso es solo parte de la verdad, porque la transición habría llegado en cualquier caso, con o sin ley de amnistía. La dictadura se estaba viniendo abajo y la ley de amnistía no fue lo que posibilitó la transición. Al contrario. Creo que esa ley se aprobó porque la transición era absolutamente imprescindible para la pervivencia de los dictadores.
Además, lo más importante es que trabajemos para evitar la repetición de esos hechos. Así que, si en un país democrático aceptamos que el Gobierno puede cometer violaciones graves de los derechos humanos y mantener su impunidad, no estamos dándole un buen ejemplo a las generaciones futuras.
Me parece que la comunidad internacional, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha aprendido la lección de que algunos casos de violaciones graves de los derechos humanos están por encima de los Gobiernos. Sobre ellos debe decidir el pueblo del mundo, no los muchos actores de un Gobierno.
¿Es eso lo que piensan la mayoría de los brasileños? Lo que quisiera saber es cuál es el clima político en el que están desarrollándose estos casos. ¿Hay algún tipo de debate? ¿Se ve usted presionado de algún modo por la opinión pública o por ciertos círculos? ¿Cuál es el papel de las víctimas y qué opinión tienen los jueces de este asunto?
Creo que la sociedad brasileña es consciente del debate, porque viene siendo algo público desde por lo menos 2009. Y ahora la Comisión Nacional de la Verdad también está trabajando en este asunto. Así que me parece que cuando se haga público su informe tendremos de nuevo ocasión de abordar un debate en profundidad.
| Y en realidad creo que debemosaclarar algunas cosas. Los derechos humanos no son cuestión de mayorías, no se deciden por mayoría. Cuando hay una mayoría, a veces participa en ciertos debates políticos. Si los derechos humanos dependieran de las mayorías, me parece que las mujeres no tendrían las garantías que tienen en la actualidad, porque la mayoría, la mayoría de los políticos, eran hombres. También está el asunto de los gais, y otros similares. |
|
Así que los derechos humanos son una cuestión de minorías. Y es preciso entender una cosa: cuando defendemos a una minoría, en realidad, indirectamente estamos defendiendo a todo el mundo. En algún aspecto vital, todo el mundo pertenece a una minoría. No pertenecemos a una mayoría todo el tiempo. Así que, si la sociedad carece de la comprensión necesaria para respetar y garantizar los derechos humanos de las minorías, esa sociedad fracasa.
De manera que, volviendo al tema que nos ocupa, si se diera el caso de que se preguntara a la población si quiere que haya rendición de cuentas penal, como se ha hecho en Uruguay, creo que no estaríamos utilizando la mejor manera de calibrar lo que es importante para la sociedad. Debemos partir de los propios derechos humanos, de los derechos humanos internacionales.
Puede que mi respuesta resulte un tanto agresiva, pero hay que recordar que el Partido Nazi obtuvo la mayoría. Así que ¿qué clase de protección puede garantizar la mayoría cuando se persigue a una parte de la sociedad?
Ha mencionado usted la labor de la Comisión Nacional de la Verdad brasileña, que podríamos decir que está en la mitad de su recorrido. Cuando se decidió constituirla hubo bastante debate público. Sin embargo, parece que sus tareas se están llevando a cabo un poco más lejos de la atención pública de lo que se pensó inicialmente. Junto a las otras 12 comisiones de la verdad estatales que hoy en día funcionan en el país, ¿cómo cree usted que ésta contribuye a sus iniciativas para conseguir algún tipo de rendición de cuentas por lo ocurrido?
Creo que el trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad y de las comisiones de la verdad estatales es esencial para lo que estamos tratando. Brasil es una federación y durante la dictadura hubo una estrecha colaboración entre el poder federal y los Gobiernos de los Estados para cometer violaciones de derechos humanos. Y me parece que fueron cobrando fuerza.
Así que nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos cooperando, hay cooperación entre la Comisión Nacional, es decir, la federal, y las de los Estados, para revisar todas esas torturas, desapariciones y detenciones, detenciones ilegales. Es una situación muy interesante.
|
Por supuesto, tendrá consecuencias, porque quizás la metodología de una comisión estatal de la verdad sea diferente a la de otra comisión también estatal. Una puede centrarse más que otra en un determinado aspecto. Pero quizá éste sea el precio que hay que pagar por este tipo de trabajo, por esta clase de cooperación. |
Y quizá por estar en una federación que concede autonomía a los Estados, sus comisiones de la verdad tengan autonomía respecto a la nacional. Pero creo que lo más importante es que el país, o cierta parte del país, perciba que necesitamos comprender lo que ocurrió, que necesitamos crear las condiciones para resistirnos, en el futuro, si es necesario, a cosas como las conductas autoritarias de los Gobiernos.
Entonces, ¿qué resultados concretos espera del informe de la Comisión Nacional de la Verdad?
Creo que la comisión brasileña tiene una oportunidad, muy, muy distinta a la de otros países. Principalmente porque nuestra comisión de la verdad comienza 30 años después de la dictadura. Y recuerde que nuestra dictadura duró 20 años. Así que han trascurrido 50 desde su inicio.
Más que develar cómo funcionó la dictadura, porque quizá eso sea algo que la sociedad tiene muy claro, la comisión está intentando descubrir por qué la sufrimos y lo que podemos hacer para no repetir esa experiencia. Creo que estamos ante una especie de acción preventiva. Prefiero decir que las recomendaciones de la comisión de la verdad deberían centrarse en aspectos relativos a la no repetición, en lo que el Gobierno y la sociedad civil tienen que hacer para evitar regímenes autoritarios en el futuro.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
Pueden escuchar la entrevista en inglés aquí.
Más información sobre el trabajo del ICTJ en Brasil.
FOTO: Familiares de torturados y desaparecidos se manifiestan ante el Club Militar, mientras los militares celebraban el 48 aniversario del golpe de Estado de 1964. El 29 de marzo de 2012, en Rio de Janeiro. ANTONIO SCORZA/AFP/Getty Images.
