El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.
En mayo de 2013, Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio por tribunales nacionales, cuya decisión se basó en una amplia variedad de pruebas, entre ellas la masacre de 1,771 miembros de la etnia maya ixil durante la guerra civil de Guatemala en la década de 1980. Sin embargo, 11 días después la decisión fue revocada por el Corte de Constitucionalidad, cuya decisión significa que el caso tendrá que ser juzgado de nuevo. El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), que representaron a más de 100 víctimas y sus familias en el juicio, insisten en que la decisión de la Corte de Constitucionalidad es ilegal.
En el marco de este nuevo intento de garantizar que se haga justicia para las víctimas, Francisco Soto (CALDH) y Edgar García (AJR) visitaron la sede del ICTJ en Nueva York el 5 de noviembre. Durante la sesión informativa compartieron sus inquietudes acerca de la capacidad de la justicia guatemalteca de garantizar que las violaciones de los derechos humanos derivadas del conflicto armado se aborden debidamente.
Ese mismo día, un tribunal guatemalteco anunció que el juicio contra Ríos Montt se reanudará en enero de 2015, dentro de más de un año. “¿Qué certeza tienen las víctimas de que los tribunales guatemaltecos van a respetar el debido proceso legal esta vez? Si anularon el veredicto una vez, pueden volver a hacerlo”, dijo Soto.
El caso Ríos Montt ha demostrado que “reina la impunidad y se está violando la independencia judicial”, añadió Pérez, quien también señaló que “se ha amenazado a testigos, jueces, fiscales y otras partes procesales”.
| Los defensores de derechos humanos estaban acompañados por Tiburcio Utuy, un sobreviviente de la etnia ixil que testificó en el juicio contra Ríos Montt. “Nos alegramos tanto y nos sentimos tan agradecidos cuando se emitió el veredicto, tras el arduo trabajo que hicieron los abogados. Pero lamentablemente lo anularon, y quedó claro que no existe ninguna garantía de justicia en Guatemala”. |
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Es por esto que CLADH y AJR llevan ahora el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que el sistema Interamericano supervise el proceso judicial en Guatemala de manera más directa”, explicó Soto.
Además del caso Ríos Montt, a los defensores de derechos humanos les preocupa que el sistema judicial en Guatemala pueda estar en riesgo. A lo largo del próximo año se definirán muchos cargos judiciales importantes, entre ellos el de fiscal general, miembros de la Corte Suprema, y todas las salas de apelaciones. “El trabajo del Ministerio Público, en especial el de la actual Fiscal General, la Dra. Claudia Paz y Paz, ha sido clave a la hora de hacer que este caso avanzara ”, explicó Soto. Sin embargo, en vista de las decepcionantes decisiones que está tomando la Corte de Constitucionalidad, no tienen confianza en el próximo nombramiento. “El apoyo internacional es fundamental durante estos importantes cambios”, subrayó Soto, y sugirió la creación de misiones de observación para supervisar los nombramientos en el poder judicial de Guatemala.
“El veredicto del juicio por genocidio fue histórico, el resultado de enormes esfuerzos y de la lenta reforma de las instituciones judiciales de Guatemala. Pero la decisión del Tribunal Constitucional de revocarlo refleja la reacción de las fuerzas más conservadoras del país, y amenaza con dar marcha atrás a la independencia judicial. Tras la intensa lucha liderada por víctimas como Tiburcio Utuy y valerosos defensores de los derechos humanos como Francisco Soto y Edgar Pérez, la comunidad internacional debe supervisar muy de cerca los próximos acontecimientos en el poder judicial y apoyar a aquellos que trabajan para garantizar su independencia”, dijo Marcie Mersky, directora de la Oficina de Programas del ICTJ.
Francisco Soto y Edgar Pérez tienen una larga historia de lucha por la justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala. Durante 13 años han estado documentando las violaciones y desarrollando el caso que llevó a juicio a Ríos Montt.
Los defensores de derechos humanos seguirán luchando por la justicia, a pesar de las desalentadoras expectativas. Pérez espera que la presión internacional adicional sirva de catalizador para abordar de manera eficaz los crímenes cometidos contra la etnia ixil y otras comunidades. “Se trata de un juego estratégico. Un juego de tiempo”, dijo Pérez. “Seguiremos con el proceso interamericano hasta el final”, añadió Soto.
Escuche una entrevista a la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, y obtenga más información sobre el trabajo del ICTJ en torno al juicio por genocidio a Ríos Montt aquí.
FOTO: (De izquierda a derecha) Tiburcio Utuy, sobreviviente ixil, Edgar Pérez, abogado de AJR, y Francisco Soto, director ejecutivo de CALDH, en las oficinas del ICTJ en Nueva York el pasado 5 de noviembre de 2013. (ICTJ)
