El 10 de mayo Guatemala conmemoró el primer aniversario de un hito para la rendición de cuentas por crímenes graves: el ex dictador Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad infligidos a la población maya ixil durante la guerra civil que tuvo lugar en Guatemala a comienzos de la década de 1980. Se trataba de la primera vez que un exjefe de Estado era juzgado por genocidio en cortes nacionales de forma genuina.
La condena supuso una victoria histórica para la justicia en Guatemala, pero 10 días después el veredicto fue revertido por la Corte de Constitucionalidad, que dictó la necesidad de repetir una buen aparte del proceso. Está previsto que el juicio se reanude en 2015.
A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la lectura de la sentencia, el Congreso de Guatemala emitió una declaración política –sin peso jurídico– en la que estableció que la matanza de indígenas durante los años 80 no constituyó genocidio.
Para conocer mejor el controvertido impacto que la sentencia ha tenido en Guatemala a un año de su lectura, hablamos con Marcie Mersky, directora programática del ICTJ, quien acaba de regresar del país.
Un año después de la sentencia por genocidio, seguida de una inacabable serie de obstáculos que condujeron a la anulación de gran parte del proceso, ¿qué sentimientos suscita en la sociedad guatemalteca lo ocurrido en los tribunales el 10 de mayo de 2013? ¿Qué ha supuesto la sentencia para los guatemaltecos, y sobre todo para las víctimas?
Es muy importante aclarar que lo que la Corte de Constitucionalidad ordenó al tribunal es repetir los últimos días del proceso. En realidad no lo anuló, sino que exigió a la sala que se había ocupado del caso que repitiera los últimos días del juicio. Evidentemente, la sala tuvo que aducir que ya se había ocupado de ello y había dictado sentencia. Pero no ha habido anulación alguna. Esto es muy importante para las víctimas: ya no hay sentencia, pero no porque se haya anulado después de demostrarse su carácter equivocado. Todo esto me conduce a las repercusiones sociales del asunto, a cómo se ha interpretado la sentencia.
Lo realmente crucial es que la sociedad guatemalteca sigue siendo una sociedad profundamente polarizada en la que, mayormente, no se ha hecho frente a las injusticias y los problemas estructurales que en su día condujeron al conflicto. Puede que en algunos casos las propias frustraciones y dinámicas de poder que, al desarrollarse, condujeron a la guerra, se hayan atenuado, pero siguen estando muy presentes. De manera que la interpretación y las repercusiones de la sentencia de genocidio surgen de esa polarización.
Creo que para las víctimas ha supuesto una increíble reivindicación de su derecho a la justicia, sirviendo también para comprender, en un sentido muy profundo, lo que se siente al ser víctima de una injusticia, y que las víctimas tenían razón al insistir en que sí se perpetró un genocidio contra ellas. A este respecto también hay que destacar que la principal asociación de víctimas, la AJR (Asociación para la Justicia y la Reconciliación) ha sido determinante para conseguir que este caso llegara hasta los tribunales.
Otro elemento interesante es que la causa no sólo está compuesta de ixiles, sino de indígenas de otros grupos étnicos del país que también han visto reflejado en este juicio su propia situación, la violencia que han sufrido. Y aunque a algunos de esos grupos les gustaría ver sus propios casos en los tribunales –como a los kakchiqueles de la zona de San Martín Jilotepeque y de otras partes del país, y a los quichés–; creo que se sienten profundamente representados por los ixiles y por este proceso.
Creo que están muy orgullosos de lo que han logrado y también profundamente frustrados, porque al final el sistema ha demostrado que todavía no es lo suficientemente fuerte para defender sus derechos. Sí pudo enjuiciar el caso y dictar sentencia, pero careció de profundidad y de energía institucional para llegar a hacer justicia.
Por otra parte, creo que una de las cosas que nos ha demostrado el juicio y la sentencia es que las élites del poder siguen sin mostrar remordimiento alguno y que no han cambiado nada. Lo más preocupante es esa absoluta falta de voluntad de asumir los crímenes cometidos, que da a entender que, en condiciones similares, volverían a hacer lo mismo.
La Fiscal General Claudia Paz y Paz, que llevó a juicio a Ríos Montt, tuvo que abandonar recientemente su puesto meses antes de lo supuesto y ya se ha nombrado a una nueva Fiscal General. ¿Puede explicarnos qué ocurrió y qué relación tiene ese cambio con el juicio por genocidio?
Lo que ocurrió es que la Corte de Constitucionalidad falló que Paz y Paz debía estar en el cargo siete meses menos de los que marcaba su periodo de cuatro años como fiscal general. La decisión de la Corte se basó en un artículo transitorio de la Constitución, que entró en vigor en 1986, ya que el orden constitucional del país quedó interrumpido cuando Ríos Montt tomó el poder en 1982 con un golpe de Estado.
La polémica respecto a cuánto tiempo debía permanecer Paz y Paz en el cargo tiene que ver con el hecho de que fuera nombrada Fiscal General en sustitución de otra persona que lo ocupó unos pocos meses antes de ser apartada del mismo, también por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, una vez quedó demostrada su falta de honorabilidad. Todo muy complejo, muy enrevesado.
Las élites se basaron en esas primeras complicaciones relativas al momento en que Paz y Paz asumió el cargo de Fiscal General para cuestionar su permanencia en el mismo. Podemos decir, casi con seguridad, que la razón última de ese cuestionamiento era el deseo de tomar represalias por su decisión de llevar adelante el proceso por genocidio.
Pero la decisión también tiene mucho que ver con las elecciones presidenciales, que se celebrarán el año próximo, aunque la campaña ya ha empezado. Para la administración actual era importante apartarla de la Fiscalía General y sustituirla por alguien más afín, que ocupara ese cargo durante y después del periodo electoral.
Hasta hace poco, la nueva Fiscal General era magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Es una mujer con mucha experiencia jurídica, pero no penal, ya que es experta en derecho civil y administrativo y nunca ha ocupado cargo alguno relacionado con el derecho penal, núcleo de la labor de la Fiscalía General.
Tiene reputación: fue bien puntuada por la Comisión de Postulación que la eligió entre los aspirantes. Pero, al contrario que muchos otros candidatos, no era conocida por su labor en actividades relacionadas con la justicia penal. Aunque la principal preocupación nace de sus vínculos con el presidente actual y su partido.
En relación con el enjuiciamiento de crímenes graves, ¿qué cabe esperar de Thelma Aldana, nueva Fiscal General?
Se plantean dos hipótesis distintas. Creo que en un futuro cercano es muy improbable que se avance con decisión en el procesamiento de casos relacionados con el pasado, cualesquiera que sean. Puede que haya alguno contra policías, con menos poder que los militares u otros menos poderosos que ellos. También podría ocurrir que, como estrategia a corto plazo, ella solicitara la presentación de ciertos casos para, de alguna forma, desinflar las posibles críticas, pero esos casos no prosperarán. Puede que esos casos avancen si van en contra de gente poco destacada, como jefes de patrullas civiles (los paramilitares que colaboraron con el Ejército) o contra policías. Pero ya no prosperarán más procesos contra figuras importantes.
Hablaba usted de represalias contra Paz y Paz y en realidad hemos visto que algo similar le ha ocurrido a la jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal que condenó a Ríos Montt. ¿Podría explicarnos qué ha pasado? ¿Qué demuestra la situación por la que está pasando Barrios?
Durante el juicio hubo muchos conflictos, muchas tensiones con los abogados de la defensa, que utilizaron el modelo de defensa clásico en Guatemala, que en realidad no consiste en defender al propio cliente con argumentos de peso sino en utilizar lo que podríamos llamar artimañas, engaños, algo que en el sistema judicial estadounidense o de muchos otros países se consideraría desacato al tribunal; es decir, se trata de intentar obstaculizar el proceso y paralizarlo con esos métodos.
Uno de ellos tenía que ver con lo ocurrido el primer día de proceso, cuando Ríos Montt anunció que había despedido a su equipo jurídico y contratado a otro abogado. A continuación, este pidió a dos de los tres jueces –incluyendo a Yassmín Barrios– que se inhibieran, porque, según el letrado, mostraban animadversión hacia el acusado. Después de celebrar consultas, los jueces fallaron que la recusación carecía de base y que continuarían con el proceso.
La situación condujo a otro altercado y ese día la jueza Barrios expulsó del proceso al abogado, ordenando al letrado de los demás acusados que defendiera temporalmente a Ríos Montt. En el caso había dos acusados, ya que al mismo tiempo se estaba juzgando por genocidio al exjefe de inteligencia militar. La jueza ordenó al abogado de este que defendiera también a Ríos Montt. Durante el resto del día, en tanto conseguía nueva asistencia letrada, rechazó a un defensor de oficio.
El abogado defensor expulsado entonces acabó volviendo a defender a Ríos Montt y lo mismo ocurrió con su equipo jurídico inicial. Todo esto condujo a una obstrucción de la justicia. El abogado defensor expulsado acabó presentando recursos de carácter administrativo contra la propia jueza Barrios y el sistema judicial que fueron rechazados por considerarlos carentes de fundamento. La acusación llegó a recurrir a la difamación, entre otras estratagemas, todas ellas rechazadas por un organismo judicial interno. Pero después apeló al injustamente denominado Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.
Ese tribunal de honor consideró correctas las denuncias presentadas contra ella por un abogado defensor –que según nuestro sistema judicial estaría en la cárcel por desacato–y señaló que las denuncias tenían fundamento, aprobando inicialmente una sanción que suponía la prohibición de ejercer la abogacía durante un año para la jueza y el pago de una cuantiosa multa.
Después ocurrieron dos cosas. Hay otro tribunal de honor que reúne a representantes de todas las asociaciones profesionales de Guatemala, en realidad equivalentes a gremios, que, sin invalidar la condena de la jueza, afirmó que la multa no estaba justificada. De manera que esta se ha retirado. La jueza sigue estando sancionada, pero ya no hay multa. Continúa luchando contra esta situación, porque, como cualquier persona razonable que vio y escuchó las audiencias del juicio, cree que es una locura.
Pero de todo esto salió algo positivo y es que la propia Corte Suprema defendió a la jueza, señalando que en realidad la Corte ya había emitido su fallo a ese respecto y que no había encontrado culpa alguna. Todo esto tuvo un resultado positivo. ¿Qué nos dice esta situación? ¿Qué es lo que demuestra? Demuestra que quienes tienen mucho poder en el país pueden manipular organismos profesionales que deberían ser honorables. Que sus vínculos con esos organismos, ya sea por dinero, presiones o por compartir unas creencias, son lo suficientemente fuertes como para que las cosas ocurran como ellos quieren.
Esto demuestra que es muy difícil consolidar el Estado de derecho en un lugar en el que nunca ha existido, es decir, en su sentido más profundo y fundamental que supone respetar la igualdad de todos ante la ley, que el sistema legal tenga las mismas posibilidades de actuar en casos que vayan contra los más poderosos y contra los más pobres e impotentes. En este caso se observan problemas institucionales y de capacidad, pero los principales desafíos que presenta la consolidación del Estado de derecho en un lugar como Guatemala, y en muchos otros países donde trabajamos, radican en convencer realmente a las élites de que, de alguna manera, también a ellas les interesa que ese Estado funcione. Si no están convencidas porque no creen que eso redunde en sus intereses resulta muy, pero que muy difícil consolidar lo suficiente las instituciones como para que puedan estar por encima de ese poder.
Al observar los desafíos que tiene ante sí en Guatemala esa lucha por la justicia, ¿podemos extraer lecciones positivas del juicio por genocidio? ¿A largo plazo, qué legado cree usted que dejará este proceso a la sociedad guatemalteca?
Creo que somos pocos los que, habiendo seguido la situación de Guatemala, y habiendo trabajado y vivido en el país, habríamos pronosticado que la denuncia por genocidio llegara alguna vez a los tribunales. Es difícil hacer pronósticos a largo plazo.
Una de las principales lecciones del juicio es el valor que, a largo plazo, tienen las reformas institucionales. Aunque hemos observado las grandes carencias del sistema, este caso nunca habría llegado a los tribunales hace cinco, diez o quince años. El desarrollo de las instituciones, de sus capacidades, y de ciertos grupos de líderes, fiscales, jueces y abogados honestos han bastado por lo menos para llegar a ese punto. Es el resultado de un proceso de reforma que, tras años y años desarrollándose, ha fortalecido la independencia de esas instituciones hasta tal punto que ha hecho posible el avance de casos.
También creo que tiene que ver con la llegada de una nueva generación de profesionales, deseosa de hacer funcionar las instituciones. Es esencial continuar trabajando con vistas al futuro, aunque mientras lo haces pueda parecer que nada ocurre. De no ser así, no habrá ninguna posibilidad real de crear instituciones. Estas lecciones son muy importantes para nuestro compromiso con las reformas institucionales a largo plazo y para fortalecer la independencia de esas instituciones.
Otra lección es que la sociedad civil tiene un peso enorme a la hora de hacer avanzar las denuncias de violaciones de derechos humanos relacionados con épocas de conflicto y guerra. El código procesal guatemalteco contempla la actuación de una importante figura, la del “querellante adhesivo”, que en general tiene más capacidades que una simple acusación particular. De hecho, un demandante que el juez considere parte agraviada puede formar parte de la acusación, por ejemplo una ONG o una organización de defensa de los derechos humanos. Puede sentarse junto a la acusación, presentar pruebas, interrogar a los acusados y argumentar ante el tribunal. Las organizaciones de la sociedad civil, en este caso CALDH (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), consiguieron profesionalizarse hasta el punto de poder formar parte de la acusación en el caso de genocidio. Su papel fue enormemente importante y se ha prolongado durante por lo menos quince años. Esa organización fue la que en realidad identificó a los testigos, recogió las primeras declaraciones, desenterró y analizó documentos militares a lo largo de los años y desarrolló el núcleo de la argumentación en la que acabó basándose la presentación de cargos.
Me parece que la tercera lección que podemos extraer de este juicio para otros países y para otros pueblos que realizan este tipo de esfuerzos para presentar denuncias ante el sistema judicial es la importancia que tiene el compromiso de las víctimas y de sus comunidades. AJR, que también nació hace quince años, tuvo su propio abogado dentro de la acusación y sus miembros se empeñaron en hacer avanzar la denuncia. Creo que el papel de la sociedad civil y de las víctimas organizadas, fue muy importante, de hecho en este caso fue esencial. La denuncia por genocidio nunca habría salido adelante de no ser por ellas, sin ellas nunca habría llegado a los tribunales.
Para terminar, quería subrayar que es muy frecuente que en este tipo de procesos judiciales la atención se centre en los abogados o en los autores de crímenes. Al final, el caso Milosevic se centró en el propio Milosevic, y con frecuencia parece que lo primordial son los abogados y lo buenas que son sus argumentaciones. En Guatemala la atención se centró en las víctimas y fueron sus voces, sus testimonios, el convencimiento de que conseguirían hacer avanzar el caso e intentar obtener justicia lo que realmente se situó en el centro del proceso. Me parece que esto ha sido una lección para otros lugares, porque lo realmente importante son las víctimas.
¿Qué ayuda podría prestar la comunidad internacional al fomento de la rendición de cuentas en Guatemala?
Me parece que la comunidad internacional ha desempeñado un importante papel en la consolidación de la rendición de cuentas en Guatemala a lo largo de los años y creo que se ha hecho una enorme inversión en reformar el sistema judicial, algo que comenzó a ser de gran importancia incluso antes de la firma de los acuerdos de paz. Han sido por lo menos quince o veinte años de gran inversión, estoy hablando de cientos de millones de dólares. Algunos de ellos no se invirtieron adecuadamente, pero una parte, dentro de ese proceso de sedimentación y acumulación de reformas del que ya he hablado, ha sido realmente importante.
Me parece que el hecho de que hayamos formado parte de este proceso, por ejemplo la labor de acompañamiento del ICTJ revisando algunos aspectos de las pruebas, proporcionando en diversos momentos distintos tipos de asistencia técnica, también forma parte de la importante ayuda que la comunidad o los actores internacionales pueden proporcionar a estas iniciativas en distintos lugares.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo
FOTO: Una mujer indígena sigue el juicio contra el ex general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad cometidos contra el pueblo maya ixil durante la guerra civil a principios de los años 80. Ciudad de Guatemala, 1 de abril de 2013. (Sandra Sebastián/Plaza Pública)
