Sin embargo, muchos procesos de reconstrucción importantes, incluidos los esfuerzos de desarme, las elecciones y la reforma legal, no lograron mantener los niveles mínimos de responsabilidad. Muchas personas con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos encontraron el camino de regreso al poder.
Entre 2001 y 2005, el público afgano comenzó a discutir temas de justicia a través de la consulta nacional sobre justicia de AIHRC. Una señal clara de que muchos afganos apoyan firmemente las medidas de justicia y rendición de cuentas, la consulta impulsó la adopción por parte del gobierno de un plan de acción para la paz, la justicia y la reconciliación.
El deterioro de la situación de seguridad detuvo la implementación de este plan. En 2007, el parlamento aprobó un proyecto de ley que, con pocas excepciones, otorgaba una amnistía general para todas las violaciones cometidas durante los conflictos. Posteriormente, el proyecto de ley también fue aprobado por el presidente.
En 2010, ante la escalada de la insurgencia, el gobierno dio señales cada vez más claras de que tenía la intención de negociar con los talibanes y otros insurgentes. Hasta la fecha, se ha prestado poca atención a las cuestiones de rendición de cuentas en estas negociaciones.
Los actores de la sociedad civil y otros buscan asegurar que los llamados esfuerzos de “reconciliación” reconozcan los puntos de vista de las víctimas y preserven las posibilidades de futuras iniciativas de justicia.
