BOGOTÁ, 3 de junio de 2015 – Ahora que Colombia está haciendo grandes esfuerzos para poner fin a 50 años de conflicto armado, es preciso solventar una cuestión esencial: la responsabilidad criminal y el castigo a los individuos que cometieron delitos graves, tanto miembros de las instituciones del Estado como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Partiendo del reconocimiento de que para cada grupo de actores pueden ser necesarios objetivos distintos, un nuevo análisis del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda la complejidad que conlleva definir los propósitos del castigo para los miembros de las FARC considerados máximos responsables de crímenes graves.
Este informe de 16 páginas, titulado La cuadratura del círculo en Colombia: Los objetivos del castigo y la búsqueda de la paz, sostiene que muchos de los objetivos habituales del castigo resultan menos convincentes en un momento en el que se apuesta por poner fin al conflicto.
En concreto, el castigo a los miembros de las FARC tiene que producirse de manera que no perjudique el objetivo subyacente del proceso de paz, es decir, la transformación de las FARC de grupo guerrillero a actor político.
“Debe haber un equilibrio entre los objetivos y la necesidad de alcanzar un acuerdo”, afirma Paul Seils, vicepresidente del ICTJ y autor del análisis. “Cualquier castigo dependerá de que aquellos a los que se considere responsables de crímenes estén dispuestos a someterse a juicio, ya que durante todo el conflicto las autoridades colombianas han sido incapaces de detener a los sospechosos de más alto rango”.
El informe defiende que debatir sobre la “proporcionalidad”, es decir, intentar que el castigo responda a la magnitud del crimen, es inútil y engañoso.
“En circunstancias normales, para castigar crímenes graves habría que imponer penas de cárcel, pero estas no son circunstancias normales”, afirma Seils. “Si las negociaciones de paz tienen éxito, se pondrá fin al conflicto, de manera que ahora utilizar el castigo para inhabilitar o disuadir a los delincuentes es menos importante que otros objetivos, que cobran más relevancia”.
El informe sugiere que, dada la situación actual, lo mejor sería entender que los objetivos políticos del castigo deben conjugar el deseo de reformar, castigar y comunicar.
“La función comunicativa del castigo”, según explica Seils, “es especialmente importante en contextos en transición como Colombia, donde una sociedad pretende enfrentar las atrocidades y reafirmar derechos y valores sociales fundamentales”.
“Eso significa que la pena que imponga el sistema judicial debería expresar una condena apropiada para los actos en cuestión y que el condenado tendría que poder demostrar que entiende que esos actos eran inaceptables. Para ello sería necesario que se produjera un acto elocuente de arrepentimiento, no un puro y simple acto simbólico”.
Según el análisis, para que en este caso se alcancen los objetivos que persigue el castigo es preciso: 1) que los juicios sean públicos, accesibles, transparentes y serios; 2) que el castigo contemple la posibilidad de que los condenados se reúnan con las víctimas para que estas pueden expresar su sufrimiento, y 3) que los castigos comporten consecuencias desagradables, como multas, incautación de bienes, inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos públicos y prestación obligatoria de servicios comunitarios, así como medidas de reforma.
El acuerdo final de las negociaciones de paz se someterá a referéndum. Como explica Seils, “en última instancia, serán los colombianos los que tendrán que decidir cuáles son los objetivos y las intenciones del castigo”.
El análisis está disponible para descarga en español y en inglés.
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Marta Martínez Asociada de Comunicaciones, ICTJ E-mail: mmartinez@ictj.org Tel: +1 917 637 3824
PHOTO: Un indígena colombiano anda junto a un grafiti del comandante fallecido de las FARC Alfonso Cano en Toribio, departamento del Cauca, Colombia, el 8 de noviembre de 2014. (LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)
