La Ley 975, conocida como como Ley de Justicia y Paz, fue la medida adoptada en Colombia para desmovilizar a las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dicha ley, aprobada en 2005, otorga beneficios judiciales como penas reducidas a aquellos que deciden abandonar las armas a cambio de cumplir con medidas como la verdad y la reparación de las víctimas.
Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables. Para ello, el informe titulado La construcción de sentencias de Justicia y Paz y de la “parapolítica” examina con detenimiento 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.
“El informe demuestra que las autoridades judiciales colombianas han avanzado en la investigación y juzgamiento de los crímenes de sistema, trabajando en la construcción del contexto sociopolítico e histórico en el que los crímenes ocurrieron, así como en la incorporación de parámetros del derecho penal internacional”, explica Maria Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia. “También han realizado un importante esfuerzo por satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad”.
Con el proceso de Justicia y Paz, las instituciones judiciales colombianas se enfrentaron por primera vez al reto de investigar y sancionar delitos que corresponden a crímenes de sistema o fenómenos de macro-criminalidad. Es decir, delitos que necesitan de una investigación que tenga en cuenta el contexto social, político, económico e histórico en el que los crímenes ocurrieron.
El nuevo informe del ICTJ examina con detalle las diversas sentencias con el fin de establecer si las autoridades judiciales han implementado estrategias de investigación multidisciplinarias orientadas a desentrañar los aparatos criminales, sus formas de operar y sus alianzas con los poderes políticos y económicos.
Análisis detallado de diez fallos
El informe estudia seis fallos de los tribunales de Justicia y Paz (cinco del Tribunal Superior de Bogotá y uno de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de segunda instancia). Asimismo analiza cuatro de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales (tres exsenadores de la República y un exgobernador del departamento) por vínculos con grupos paramilitares
En el análisis de estas sentencias se tiene en cuenta que el documento constituya un relato coherente, integral y debidamente sustentado, y, con especial relevancia, si el fallo ha servido para plasmar la verdad judicial que las víctimas y la sociedad reclaman.
“Los tribunales aún no han ofrecido un fallo integral que refleje de manera sistemática la dimensión real de la estructura criminal y que presente el complejo entramado de motivaciones, relaciones, alianzas y complicidades de estos grupos con políticos, empresarios, miembros de la Fuerza Pública y del sistema judicial”, plantea en el texto Olga Lucía Gaitán autora de este trabajo investigativo.
Los avances han sido significativos en estos nueve años de implementación de la ley, y aportan muchos aprendizajes al país en un momento clave cuando se adelantan en La Habana las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El sistema judicial enfrenta el desafío de contar con el respaldo político adecuado para poder develar y desmantelar las redes criminales”, destaca Moreno. “Hay que entender que todo forma parte de un mismo rompecabezas, y hay que lograr fallos más sólidos y fundamentados en la participación de las víctimas”.
Lea y descárguese el informe completo aquí.
FOTO: Detalle del estrado de una de las salas de Justicia y Paz en Colombia. (ASSOCIATED PRESS)
