Más de 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala sigue enfrentando muchas dificultades en su lucha por conseguir justicia y reparación luego de las violaciones masivas de derechos humanos que tuvieron lugar durante los 36 años de conflicto armado.
Para analizar algunos de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en el país recientemente en torno a la justicia por crímenes del pasado conversamos con Marcie Mersky, directora de Programas del ICTJ y quien vivió durante más de 20 años en Guatemala.
Uno de los problemas más acuciantes en este momento en el país es la incertidumbre que rodea a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Este organismo fue creado en 2007 por la ONU y el Gobierno guatemalteco para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de delitos cometidos por grupos de seguridad ilegales y en el desmantelamiento de sus estructuras. El cometido de la CICIG es fortalecer las capacidades de la rama judicial guatemalteca para que en el futuro pueda seguir procesando a estos grupos criminales. El mandato de la CICIG termina en septiembre y el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha cuestionado recientemente la necesidad de que la Comisión continúe su labor en el país. Marcie, ¿podría decirnos en pocas palabras cuáles han sido los principales logros de la CICIG desde su creación y por qué el Gobierno se resiste ahora a mantenerla en activo?
Esta es una cuestión muy importante en la agenda guatemalteca, porque afecta a la capacidad de avanzar en reformas judiciales realmente cruciales, después del conflicto armado y de los acuerdos de paz firmados hace casi 20 años. La judicatura estaba realmente destrozada, la guerra la había debilitado profundamente y también su independencia para afrontar cualquier tipo de caso complejo. Al mismo tiempo, las estructuras de los anteriores servicios de información militares tenían ramificaciones en el crimen organizado, así que el país tenía que afrontar algunos de esos problemas mediante un mecanismo que acabó siendo realmente singular: la CICIG. No es un organismo de las Naciones Unidas, ya que se estableció gracias a un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. En el país la comisión trabaja a instancias del Gobierno en calidad de organismo internacional independiente. Es difícil precisar cuáles han sido sus logros principales, porque al ser un organismo singular no tenía muchos antecedentes en cuanto a funcionamiento y cometidos. Si tomamos los 6 años que ha estado en activo (hay que señalar que su mandato se ha renovado ya en dos ocasiones anteriormente), y los analizamos de forma global, apuntando a las grandes aportaciones, creo que podemos identificar por lo menos cinco.
La primera es que la Comisión situó de lleno el problema de la impunidad en el tablero político, le otorgó un lugar que nunca había tenido en la agenda política. La impunidad había sido casi siempre uno de los estandartes que agitaban las organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de víctimas, pero no siempre era una preocupación generalizada. Creo que lo que hizo la CICIG fue llamar la atención de algunos sectores de las élites y conseguir que se interesaran e involucraran en este asunto.
La segunda aportación de la CICIG fue su propuesta para reformar la forma cómo podía operar el sistema de justicia penal, que acabó siendo muy importante. En este sentido me gustaría destacar dos de esas reformas. Puso mucho empeño en que los legisladores desarrollaran leyes que permitieran controlar las escuchas telefónicas y garantizar su correcta utilización. Esas escuchas son fundamentales para investigar el crimen organizado. Como uno de los principales problemas que tenía el país en la posguerra era que muchas unidades de información habían pasado a engrosar el crimen organizado, no había muchas herramientas que utilizar contra ellas en los casos penales, así que las escuchas telefónicas resultaban esenciales.
Otra reforma muy importante que salió de la propuesta de la CICIG para incrementar la eficacia y la independencia judiciales fue la creación de lo que ahora se conoce en Guatemala como Tribunales de Mayor Riesgo, que se ocuparían de casos relacionados con grupos armados ilegales, operaciones de seguridad ilícitas y el crimen organizado, pero también de casos relacionados con el conflicto y de otros que pudieran conllevar mayores riesgos para la seguridad u otros riesgos políticos. En la práctica hemos visto que estos tribunales se han ocupado de todos los casos relacionados con el conflicto. Y desde luego casi siempre han sido eficaces, aunque haya habido algunos obstáculos en el camino, pero en general han logrado imponer su independencia.
El tercer aporte es que instituciones nacionales como el Ministerio Público, la Policía o el Ministerio de Gobernación han recibido de buen grado la asistencia técnica del CICIG, algo que también forma parte de su mandato. Su trabajo conjunto ha logrado éxitos con respecto a la desarticulación de operaciones criminales. Pero esto depende realmente de la buena disposición de las instituciones nacionales y de las personas que las dirigen, sobre todo para poder avanzar casos partiendo de la colaboración.
Creo que hay un cuarto aporte del que quizá no se hable mucho, pero me parece que a lo largo de los años la CICIG ha contribuido al consenso de la comunidad internacional en torno al carácter prioritario de la reforma judicial y de la ayuda al Estado de derecho en el país. Creo que, como a veces cada país donante tiene sus propias prioridades, la CICIG ha sido muy útil a la hora de conformar visión unificada de lo que se necesita y para ayudar a canalizar después toda la cooperación, ya sea política, técnica o financiera, de forma más coordinada y en torno a las cuestiones fundamentales.
El quinto aporte es que, informalmente, la CICIG ha actuado como una especie de “perro guardián”. En realidad su mandato no contempla esa función, es decir que no lo desempeña oficialmente redactando informes sobre lo ocurrido en los últimos seis meses, como lo haría una misión de paz de la ONU o una misión de verificación o de atención a los derechos humanos. Así que no lleva un registro oficial de las violaciones de derechos humanos o cosas así, pero informalmente, con su presencia, ha logrado actuar más o menos como un vigilante, porque la gente sabe que la CICIG está ahí, observando e interesándose por estas cuestiones, y es una voz independiente que puede ejercer su influencia.
¿Qué consecuencias tendría para el sistema judicial guatemalteco, y en general para el compromiso del país con la defensa del Estado de derecho, que la CICIG cerrara sus puertas?
Una de las cosas que hemos observado en Guatemala durante el año pasado es que la independencia judicial ha sufrido varios reveses graves. En realidad creo que la mayoría de los activistas y los profesionales que vienen trabajando por la reforma de la justicia en el país y para que haya avances en los juicios de casos relacionados con el conflicto dirían que los nombramientos que se realizaron hace unos meses, los de los nuevos integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, fueron de los más politizados que se recuerdan en los últimos tiempos.
Se reunieron dos importantes partidos políticos y acordaron quiénes debían ser los nuevos magistrados de la Corte Suprema, que en Guatemala se renuevan cada cinco años, y los nuevos miembros de las Cortes de Apelaciones. De manera que todo ese proceso de elección hace realmente temer que todos los avances registrados en los últimos 20 años en materia de independencia judicial reciban un duro golpe. Así que ese es el contexto. Si quitamos de en medio a la CICIG, la situación se deteriorará todavía más.
Quería plantear el problema del contexto porque me parece que, dada la situación actual, si se cerrara la CICIG se estaría prescindiendo del único actor internacional que actúa desde dentro y desde fuera: está dentro porque participa activamente en la investigación de actos criminales, asesorando en el juzgamiento de casos gracias a una figura legal que tiene Guatemala y que permite esa función, y porque continúa impulsando casos complejos contra unidades organizadas y fomentando la aprobación de más leyes destinadas a fortalecer la independencia judicial. Así que creo que este sería un momento terrible para obligar a la comisión a cerrar sus puertas. Pero la decisión está realmente en manos del presidente de Guatemala, y creo que debería ser una medida de su interés la de contar con una judicatura independiente, sobre todo en un año electoral.
Es curioso que en las últimas semanas dos voces destacadas han pedido la renovación del mandato de la CICIG, una de ellas quizá inesperada: la Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado que, de forma muy contundente, pedía la renovación del mandato de la Comisión. Es un paso muy positivo que quizá impulse un cierto cambio de actitud al respecto.
Hablando de los Tribunales de Mayor Riesgo que la CICIG contribuyó a crear, hace poco ha concluido uno de los juicios más importantes para los crímenes graves cometidos durante el conflicto. Se trata del asalto a la Embajada de España en Guatemala, que llevó a cabo una unidad de la Policía de Guatemala en 1980 y en el que murieron 37 personas, entre ellas Vicente Menchú, padre de la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Marcie, ¿podría explicarnos qué ha significado este veredicto y qué supone para Guatemala en cuanto a sus obligaciones con los derechos de las víctimas?
Me parece evidente que el juicio supone un gran logro para el país. Lo que normalmente se conoce como la masacre de la Embajada de España en Guatemala fue en realidad un punto de inflexión en la historia represiva del país. La embajada estaba ocupada por un grupo de activistas indígenas y estudiantiles que protestaba por los asesinatos que había cometido el Ejército en comunidades indígenas del norte de Guatemala. Había acudido a la Embajada de España para llamar más la atención y exigir el fin de la represión en sus comunidades, con el apoyo de los estudiantes como aliados en ese movimiento.
El país pasaba por un momento de enorme tensión política, con muchas movilizaciones y actos reivindicativos, y la represión, que era enorme, con frecuencia se traducía en desapariciones. Se puede decir que ese fue el peor año para las desapariciones en Guatemala y el Ejército estaba realizando más operaciones contra las comunidades indígenas, sobre todo contra las que exigían derechos sobre las tierras. En las regiones de origen de los activistas indígenas, varias personas habían sido asesinadas.
La embajada estaba prácticamente ocupada por la policía y, al parecer por orden de sus altos mandos, se utilizó una bomba incendiaria y todos los que estaban dentro del edificio, salvo dos personas que lograron escapar, murieron abrasados, quemados vivos, mientras a los bomberos que estaban en el exterior se les impedía tomar medidas para sofocar el incendio. Y todo eso se vio por la televisión, por eso fue algo tan importante, sobre todo en la vida de la capital, ya que la embajada estaba en el centro de la zona rica de Ciudad de Guatemala. La Embajada de España era muy importante. El asunto supuso un gran punto de inflexión respecto a la indignación que el Gobierno suscitaba entre la población, con su actitud de “podemos hacer lo que nos dé la gana”.
Pedro García Arredondo, el hombre recientemente condenado en el juicio de la Embajada de España, dirigía el Comando 6, que en ese momento era una de las principales unidades policiales utilizada casi exclusivamente para actos de represión política, y también fue condenado el año pasado por la desaparición de un estudiante. Su unidad policial se vio directamente involucrada en varias desapariciones y otros actos represivos, sobre todo en la capital. Han hecho falta 30 años para que ocurriera, no ha sido una justicia rápida, pero creo que para las víctimas, para Rigoberta Menchú, para los demás familiares que participaron también en el juicio y que hicieron avanzar el proceso, fue enormemente importante, y todavía más para el conjunto de la población que vivió ese periodo.
Quería mencionar una cosa sobre esta condena, porque en parte tiene que ver con nuestro trabajo en materia de justicia transicional, que no se limita a los juicios. A García Arredondo se le pudo condenar por el caso de desaparición anterior gracias a la labor que habían realizado activistas guatemaltecos y otras personas en relación con los archivos policiales. Hace varios años se encontraron tirados en un almacén abandonado los archivos policiales guatemaltecos de los últimos cien años. Durante años, cuando yo trabajaba para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nos dijeron que todos esos archivos se habían quemado. Pero no fue así, luego aparecieron. Gracias al esfuerzo realizado por mucha gente durante varios años se consiguió poner orden para que estos documentos pudieran utilizarse en unos pocos casos clave, entre ellos el del estudiante desaparecido. Solo quería mencionar lo importante que es el trabajo de archivos para el derecho a la verdad y a la justicia. Es importante no creerse nunca a pies juntillas lo que diga el Estado sobre la destrucción de los archivos y no dejar de insistir en esas cuestiones.
Hablando de los juicios sobre crímenes del conflicto, vemos que en el caso de la Embajada de España sí se ha logrado un veredicto, en cambio casos como el de genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt han vuelto a paralizarse. ¿Podría decirnos por qué se ha paralizado esta vez? ¿Por qué estamos viendo cómo otros casos como el de la Embajada de España sí se ha llegado a una conclusión y en cambio el juicio por genocidio no?
Me parece que el juicio contra Ríos Montt no avanza porque algunos miembros de las élites de Guatemala han trazado una línea roja. Creo que no hay muchas más formas de verlo. La actitud es: si quieren juzgar a un viejo jefe de la Policía, adelante, de todas formas nunca fue de los nuestros. Creo que estoy hablando con mucha franqueza, pero es que me parece claro que en el caso del genocidio hay una línea roja que no se puede cruzar. Por alguna razón, la mentalidad de las élites del país a este respecto es la opuesta a la lógica. En lugar de pensar que el país está obligado a llevar ante la justicia a un exdictador por genocidio –cuando ya se demostró ante los tribunales que el crimen ocurrió–, que es un honor para un país tener una judicatura capaz de hacer algo tan complejo y difícil, piensan que es una vergüenza, una humillación. Hablando desde un punto de vista más moral que jurídico, me parece que de algún modo tienen una cierta mala conciencia, pero es que estas cuestiones suelen tener un componente más moral, ético y político que jurídico y técnico.
Estas élites harán lo que sea para impedir que avance el juicio y en la judicatura y otros lugares han encontrado aliados, porque en este tipo de casos los abogados defensores guatemaltecos ponen mucho más empeño en obstaculizar el avance de la justicia que en defender a sus clientes; es decir, la defensa se hace mediante la obstrucción o utilizando una serie de instrumentos legales que sirvan para impedir que los casos avancen, no se basa en argumentos sólidos, y así es cómo se paralizan esos casos.
Así que ahora mismo hay tres tipos de problemas. El primero es que Ríos Montt dice que está demasiado enfermo para asistir al juicio y, por ahora, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y sus doctores han verificado que así es.
Después está una serie de recusaciones y contrarrecusaciones de jueces en los Tribunales de Mayor Riesgo y, en resumen, lo que pasa es que todos los jueces –solo hay ocho en esas salas– o bien se han ocupado del caso o han sido recusados, así que estamos en un punto muerto, sin saber quién puede ocuparse del asunto.
Hay, además, una tercera cuestión, relacionada con un fallo pendiente sobre la amnistía de 1986, que la mayoría de los expertos jurídicos diría que fue sustituida por la amnistía posterior, que descarta aplicar tal medida a los genocidios y a otros crímenes internacionales. Pero la defensa de Ríos Montt ha reclamado la aplicación de la amnistía de 1986 a su caso, y 60 jueces de las Cortes de Apelaciones se han negado a pronunciarse sobre el asunto en las instancias que contemplaba la amnistía. En diciembre, un tribunal constituido por tres magistrados de las Cortes de Apelaciones llegó por fin a un acuerdo, a un dictamen, después de que 60 magistrados se recusaran a sí mismos, pero hasta donde yo sé esa instancia aún no ha emitido fallo alguno. Así que el caso se topa con tres obstáculos distintos. Pero en resumen, el hecho de que este caso no pueda avanzar y que el de la Embajada de España sí llegara a término tiene que ver, a mi juicio, con esa línea roja que no se puede cruzar.
FOTO: La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú durante su testimonio en el juicio de la Embajada de España en enero de 2015, en Ciudad de Guatemala. Su padre fue una de las 37 personas que murieron en la toma embajada en 1980, cuando agentes de la Policía Nacional atacaron el edificio. (Sandra Sebastián/Plaza Pública)
