En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó un paso decisivo para poner fin a la exclusión de las mujeres de los procesos de construcción de paz en el mundo. La aprobación de la Resolución 1325 fue resultado de un esfuerzo conjunto de activistas de la sociedad civil y Estados miembros de las Naciones Unidas, con el fin de resaltar la forma particular en la que mujeres y niñas sufren en situaciones de conflicto, así como llamar la atención sobre el rol crítico de las mujeres en los esfuerzos de construcción de paz. Esta resolución declara que los esfuerzos de paz y seguridad son más estables cuando las mujeres intervienen en pie de igualdad en la toma de decisiones de los procesos de solución y prevención de conflictos violentos.
El ICTJ respalda y fomenta la implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad de las Naciones Unidas, con la convicción de que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para garantizar la paridad en la toma de decisiones sobre paz y seguridad en el mundo y la participación activa y efectiva de las mujeres en todas las fases de estos procesos. En ocasión de los 20 años de la Resolución 1325, el ICTJ quiere compartir la historia de María Camila Moreno Múnera, directora de nuestra oficina en Colombia y ejemplo tangible del potencial del liderazgo femenino en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Moreno fue galardonada por la organización Vivamos Humanos en diciembre de 2019 con el premio Alfonso López Michelsen, por su trayectoria en la defensa de la paz y los derechos humanos en Colombia.
Inicios
María Camila Moreno, directora de la oficina del ICTJ en Colombia desde hace 8 años, inició su trabajo con comunidades desde muy joven, cuando era estudiante de antropología en la Universidad Nacional en el año 1989. En ese año, mientras hacía trabajo de campo en territorio indígena para su tesis universitaria, fue la primera vez que se encontró de frente con el conflicto armado colombiano que, hasta entonces, solo conocía, como muchos otros de sus compatriotas, a través de los noticieros y periódicos. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se movía en ese territorio del resguardo Uwa, entre los departamentos de Boyacá y Arauca, en la Sierra Nevada del Cocuy. Fue impactante para ella ver la realidad de esas comunidades tradicionales rodeadas de los grupos armados que estaban presentes en la zona.
Ser testigo de esa realidad marcó el camino para Moreno, quien continuó su trabajo con comunidades indígenas después de graduarse, esta vez con la tarea de acompañar la representación indígena, en cabeza de Lorenzo Muelas, a la Asamblea Nacional Constituyente que construiría la Constitución de 1991.
En ese momento trascendental de la historia política colombiana, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Artículo Transitorio 55, el cual reconoció los derechos étnicos y territoriales de las poblaciones negras del país. Después de su trabajo con Muelas, Moreno se vinculó a un programa presidencial llamado el Plan Nacional de Rehabilitación, como coordinadora para el Pacífico Sur. En 1992 llegó a trabajar en el municipio de Buenaventura en donde estuvo por cuatro años, primero dedicada a la pedagogía sobre la nueva Constitución en todo el territorio y luego en la tarea de fomentar la participación de las organizaciones de comunidades negras en la reglamentación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución, que luego se convertiría en la Ley 70 de 1993.
Sin embargo, la sombra del conflicto se extendía cada vez más sobre la región. En 1996, el paramilitarismo irrumpió en el Pacífico colombiano. Entró por el noroccidente del país, en el Bajo Atrato, y empezó su expansión hacia el suroccidente, donde Moreno asesoraba a las comunidades negras en la creación de consejos comunitarios para el manejo de los territorios colectivos que les corresponden por ley en Colombia. Los procesos organizativos en estas comunidades interferían con las pretensiones de empresas agroindustriales y de actores dedicados a las economías ilícitas. Desde finales de 1995, empezaron las presiones y amenazas a los líderes comunitarios y a quienes los asesoraban. Esto hizo que Moreno saliera de ese territorio.
En la búsqueda por profundizar su conocimiento en materia de derechos colectivos sobre el territorio, se fue a la Universidad de La Habana a estudiar una maestría en geografía ambiental.
En su ausencia, en Colombia se inició el auge de los grupos paramilitares. Los constantes y sangrientos enfrentamientos entre grupos armados ilegales causaron estragos en las formas de vida de millones de colombianos que empezaron a desplazarse en busca de seguridad, servicios de salud, trabajo y asistencia social.
En 1997, después de haber regresado de Cuba y haber trabajado con indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte del país, Moreno se vinculó al primer programa estatal de atención de desplazados que surgió en Colombia: el Programa de Atención a la Población Desplazada en la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de República. Para entonces, se contaban más de 200.000 personas desplazadas internamente.
Aunque llegó como parte de un equipo construido para dar solución a la creciente crisis de desplazamiento en Colombia, en el año 2000 tomaría las riendas del proyecto para dar respuesta a la expansión de los grupos paramilitares y las disputas armadas por el territorio con las guerrillas en todo el país. A la par del recrudecimiento de estos enfrentamientos, Moreno lideró la creación de los primeros programas y estrategias para atender a la población desplazada; una respuesta estatal que “estuviera a la altura de lo que significaba atender a miles y miles de desplazados a lo largo y ancho del país”, describe.
Nuevamente al trabajo de campo con población desplazada y víctimas
Uno de los momentos que más marcaron su vocación por la construcción de paz y la defensa de los DDHH fue su tiempo en la Defensoría del Pueblo, una entidad dedicada a la defensa, promoción, protección y divulgación de los derechos humanos en Colombia, también creada por la Constitución de 1991.
El trabajo en la Defensoría le llevó del diseño de la respuesta estatal y las políticas públicas para los desplazados a la responsabilidad de atender de primera mano a los llamados de la población vulnerada por la guerra. Así, inició uno de los períodos de mayor aprendizaje en su trayectoria.
"Es en ese momento en el que recorro Colombia de norte a sur, de oriente a occidente, pero de masacre en masacre", precisa. Las personas en las regiones más apartadas de Colombia, quienes sufrieron y aún sufren el grueso de las consecuencias del enfrentamiento armado, solicitaban una presencia estatal que le correspondía dar a Moreno como parte de la Defensoría.
En el 2002 estuvo en Bojayá, Chocó, tan solo 12 horas después de una de las masacres más crueles del conflicto colombiano: las FARC, en enfrentamiento con paramilitares, lanzaron una pipeta de gas llena de metralla a la iglesia de Bellavista donde se refugiaban más de 300 personas. “Cuando llegué a la iglesia ya habían recogido los cuerpos pero todavía había fragmentos de huesos, olía a muerto, la iglesia estaba totalmente destruida y la gente sobreviviente y familiares que estaban al otro lado del río estaban en shock. Nosotros, con el defensor del Chocó, recibimos las primeras declaraciones. Nunca se me olvidará lo que eso significó”, cuenta.
El camino al trabajo por la paz
El agotamiento físico y mental de movilizarse por Colombia intentando brindar soluciones a las poblaciones vulneradas por el conflicto, que aumentaban de manera exponencial, motivó a Moreno a enfocarse en trabajar para prevenir el conflicto y la existencia de víctimas en primer lugar.
“Empiezo a pensar que no me resigno a tener que seguir contando muertos y masacres, que por lo que hay que trabajar es para que no haya más víctimas”, dice.
Ahí comenzó su camino en los temas de paz, especialmente influenciada por una experiencia en las cárceles de Colombia como parte de un proyecto para las Naciones Unidas. “Todo lo que la sociedad no quiere ver, no quiere enfrentar, está detrás de los muros de la cárcel. Ahí se entiende la dimensión de lo que significa la violación de DDHH. Te das cuenta de que por más terrible que sea lo que hayan hecho esas personas, la respuesta del Estado de Derecho no puede ser tener a la gente en esas condiciones. Y ahí es cuando uno se confronta aún más porque los derechos humanos no pueden ser un discurso unilateral”, cuenta.
Por esa vía, Moreno llegó a la justicia transicional. Entró al ICTJ como subdirectora y luego asumió la posición de directora de la oficina de Colombia en 2012. Durante sus ocho años de liderazgo de la organización en Colombia, el ICTJ ha realizado labores tan importantes como el acompañamiento a la mesa de negociación de La Habana, a cuyas partes brindó una asesoría minuciosa en los temas de víctimas y responsabilidad por las violaciones de derechos humanos, durante el largo proceso que culminó en el Acuerdo final firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc en el Teatro Colón de Bogotá en 2016. El reconocimiento al papel de la organización en este proceso de asesoría también se hizo patente al ser propuesta por las partes como una de las instituciones parte del Comité de Selección de los magistrados/as y comisionados/as que conforman las altas esferas de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.
Las mujeres en la justicia transicional
De los casi nueve millones de víctimas inscritas hasta el día de hoy en el Registro Único de Víctimas de Colombia, el 50.1 % son mujeres. Después del asesinato o la pérdida de las figuras masculinas, quienes usualmente representan el sostén económico de las familias, son en gran medida ellas quienes quedan para cuidar a hijos y nietos, buscar a los desaparecidos y construir memoria. La resiliencia y tenacidad que demuestran al llevar a cabo estas tareas en las condiciones más adversas es impresionante y ejemplar. Su contribución a los procesos de justicia transicional en el país es determinante.
Durante su trabajo con mujeres líderes de organizaciones de víctimas, Moreno resalta la disposición de reconciliación de un número importante de lideresas sociales que con su valentía y resiliencia han llevado adelante los procesos de justicia en el país, como Marta Peña, Aida Ulcué, Yolanda Perea, Pastora Mira, Rosario Mina y Leyla Arroyo, entre otras.
En opinión de Maria Camila, los roles que tradicionalmente han ocupado las mujeres a través de la historia han desarrollado en ellas una sensibilidad que facilita el acercamiento emocional a los problemas de las víctimas y a las cuestiones esenciales de la justicia. Pero, independientemente del género, Moreno está convencida de que desarrollar esta sensibilidad es vital para impulsar los procesos de justicia transicional más allá de la razón, hacia la comprensión del otro, su humanidad y sus matices.
Mujeres como las magistradas y fiscales de Justicia y Paz –el tribunal creado en el marco del proceso desmovilización de los paramilitares– por ejemplo, lograron contribuir de forma determinante a comprender cómo funcionaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Aprendieron sobre la marcha en un proceso inédito para el país y dejaron la puerta abierta para nuevos procesos de esta índole.
Mujeres valientes y resilientes como la difunta Ángela Salazar, comisionada de la verdad y trabajadora incansable de los derechos sociales de la comunidad afrocolombiana, han dedicado su vida a mantener abiertas esas puertas.
“Cuando yo empecé en la justicia transicional,” relata Moreno, “este era un espacio casi enteramente de hombres. Los componentes de justicia se discutían entre jueces hombres, fiscales hombres, penalistas hombres.” Para ella, ni hombre ni abogada, fue un reto tomar las riendas de una organización como el ICTJ en Colombia e infundir una dirección cuidadosa en los detalles, respetuosa del interlocutor y enfocada hacia el crecimiento de las entidades públicas y su capacidad de respuesta.
Igualmente, ha dado prioridad en la agenda de trabajo de la organización al enfoque de género, el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y los colectivos feministas colombianos, para fomentar la discusión y el conocimiento sobre el concepto de la justicia transicional. “Mi generación es heredera de las luchas y los logros de las feministas que nos antecedieron, con ellas hemos hecho importantes alianzas para incorporar la justicia transicional a sus agendas”, dice Moreno.
También, el ICTJ en Colombia ha trabajado de la mano con organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo en la recolección y organización de material sobre violaciones a los DDHH a población LGTBI, destinado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los informes producidos de esta alianza son los primeros de su tipo en ser entregados a un tribunal de justicia transicional.
Hoy, Moreno continúa trabajando incansablemente en el apoyo al funcionamiento del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de no Repetición en Colombia, para superar el legado de las violaciones de DDHH y lograr, finalmente, una paz estable.
Bajo su dirección, el ICTJ Colombia sigue fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de mujeres, grupos vulnerables, víctimas, excombatientes y entidades nacionales, tendiendo puentes entre todo tipo de interlocutores e impulsando proyectos enfocados a la memoria territorial, la justicia y la verdad.
María Camila es una de decenas de miles de mujeres que han dedicado su vida a los derechos humanos y a los esfuerzos para la construcción de paz a nivel global. Hoy, en el vigésimo aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honramos el tesón de las mujeres que trabajan en la construcción de paz y su aporte invaluable al fortalecimiento y cumplimiento de procesos de paz y de justicia transicional en todo el mundo.
FOTO: Moreno fue galardonada por la organización Vivamos Humanos en diciembre de 2019 con el premio Alfonso López Michelsen, por su trayectoria en la defensa de la paz y los derechos humanos en Colombia. (María Margarita Rivera /ICTJ)
