NUEVA YORK, 17 de diciembre de 2010.
La sentencia hecha pública este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un paso histórico para la justicia, dijo hoy el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
El fallo en el caso "Gomes Lund v. Brasil" (también conocido como "Guerrilha do Araguaia") afirmó que los obstáculos a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos, contenidos en la ley de amnistía de 1979 no tienen efectos jurídicos. En efecto, esta sentencia anula la actual interpretación de la ley de amnistía en Brasil.
La Corte decidió que Brasil es responsable por la tortura, ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada de 62 personas en la región de Araguaia entre 1972 y 1974. También ordenó a Brasil investigar graves violaciones de los derechos humanos y castigar a los culpables en el caso Gomes Lund, y en otros similares.
El histórico fallo reivindica los esfuerzos de las familias de los desaparecidos, líderes de la sociedad civil y fiscales pioneros que han afirmado durante décadas que la amnistía de 1979 no puede interpretarse como protegiendo a quienes, desde las fuerzas militares, cometieron graves abusos contra los derechos humanos.
"La sentencia le recuerda a las autoridades de Brasil y al mundo en general que los delitos cometidos por agentes del estado brasileño constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo el presidente del ICTJ, David Tolbert. "La Corte Interamericana ha reiterado en varias ocasiones, que el derecho internacional no admite amnistías para tales violaciones y los estados tienen el deber de investigarlas y procesar a los responsables. La sentencia es la oportunidad perfecta para que los fiscales de Brasil aseguren que el Estado cumpla con sus obligaciones, llevando a cabo las investigaciones necesarias, y proporcionando un recurso efectivo a los familiares ", agregó Tolbert.
La sentencia ordena a Brasil llevar a cabo las actuaciones judiciales en la justicia ordinaria, no escatimar esfuerzos para identificar los restos de los desaparecidos y entregarlos a sus familiares, tipificar el delito de desaparición forzada en el derecho interno, y capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad en el respeto a los derechos humanos, entre otras medidas. Asimismo, ordena reconocer públicamente la responsabilidad del Estado por los abusos y aplicar otras medidas de reparación.
"El creciente liderazgo de Brasil en la región y el mundo no se condice con la persistente impunidad de la que gozan los autores de los crímenes cometidos durante el régimen militar. El gobierno brasileño debe tomar medidas de inmediato para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana", dijo Eduardo González, director del Programa Verdad y Memoria del ICTJ.
"Es alentador que esta decisión se haga pública al mismo tiempo que el Congreso brasileño empieza a debatir el proyecto de ley 7.367 de 2010, que establece una comisión de la verdad. Las comisiones de la verdad pueden y deben complementar los esfuerzos de la justicia penal. La Comisión Nacional de la Verdad que se cree en Brasil debería investigar los crímenes de los agentes militares durante la dictadura, así como la posterior destrucción de los archivos que contenían información sobre los abusos cometidos", agregó González.
Antecedentes Brasil vivió una dictadura militar de derecha de 1964 a 1985. Entre fines de los 60 e inicios de los 70, un período que los brasileños recuerdan como los "años de plomo", las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una extensa campaña de represión ilegal contra los opositores del régimen.
A medida que la dictadura se debilitaba, la sociedad civil hizo campaña para la liberación de los opositores de la dictadura militar. La ley de amnistía de 1979 fue una respuesta tardía a esa presión, permitiendo la liberación de prisioneros y el retorno a Brasil de miles de exiliados activistas políticos, artistas y académicos. Sin embargo, la ley fue interpretada posteriormente como aplicable también a los autores de torturas y otros abusos.
Acerca del ICTJ El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) trabaja para reparar y prevenir las más graves violaciones de los derechos humanos y hacer frente al legado de abusos masivos. El ICTJ busca soluciones integrales para promover la rendición de cuentas y crear sociedades justas y pacíficas. Para obtener más información, visite es.ictj.org/es/.
Contacto Para más información, contactar a: Eduardo González Director del Programa Verdad y Memoria Tel +1 917 637 3812 Cel +1 347 244 0106 egonzalez@ictj.org
