Desde 2005, como resultado del proceso de negociación del Gobierno colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado de extrema derecha que cometió graves violaciones de derechos humanos en su lucha contra las FARC, alrededor de 35.000 paramilitares se han desmovilizado. Como parte del acuerdo, se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía la reducción de penas a cambio de la confesión completa y de “la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.
La semana que viene, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial en uno de los casos más significativos del proceso de Justicia y Paz: el caso contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”. Veloza fue un comandante de las AUC en la región de Urabá, y ha confesado su participación en el asesinato de más de 3.000 personas durante la década de los 90.
Con vistas a la sentencia que se hará pública el 30 de octubre, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005 a nivel nacional con el objetivo de reconocer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.
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Esta línea de tiempo presenta las normas, leyes y decretos, así como los autos y sentencias de las Altas Cortes que establecen los parámetros de las medidas de justicia transicional que hasta ahora ha adoptado el Estado colombiano. Así mismo, incluye otros mecanismos e instituciones diseñados e implementados hasta ahora, como la Unidad de Víctimas o el Centro Nacional de Memoria Histórica.
“Esta presentación de los mecanismos de justicia transicional adoptados en el país espera ser una contribución a la reflexión acerca del modelo más adecuado para Colombia”, explica María Camila Moreno, directora de la oficina del ICTJ en Colombia.
La experiencia internacional ilustra la importancia de contar con una política comprehensiva de justicia transicional que contribuya a la transformación política y social de los países en transición de regímenes autoritarios a la democracia o de la guerra a la paz.
“Sólo así se podrá superar el legado de violaciones de derechos humanos, reconocer la verdad de lo ocurrido y sentar bases sólidas para la no repetición”, añade María Camila Moreno.
