El 24 de agosto de 2009, Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, anunció que nombraba fiscal delegado a John Durham para empezar a revisar la posibilidad de que las leyes federales fueran violadas en los interrogatorios a detenidos específicos fuera de Estados Unidos. Esta revisión debe servir para recolectar información y establecer si se garantiza una investigación exhaustiva.
