Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, las tensiones políticas en Venezuela han escalado a nuevos niveles. Uno de los últimos acontecimientos fue un abrupto apagón que sumió al 80% de la población del país en la oscuridad. La falta de inversión en infraestructuras públicas y la corrupción endémica son probablemente la razón principal de este y otros apagones que se producen con frecuencia. Sin embargo, el Presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de cometer un «sabotaje eléctrico» en un intento de desalojarlo del poder.
El apagón se produjo poco después de unas elecciones presidenciales que se desarrollaron en un clima de represión y persecución y cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados internacionalmente por su falta de transparencia y verificación objetiva. En el ámbito nacional, los resultados desencadenaron protestas públicas masivas en las que miembros de la oposición política, activistas de la sociedad civil, periodistas y venezolanos de a pie de todas las clases sociales salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva en los resultados oficiales, su indignación por la grave crisis económica y política del país y su exigencia de una transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real.
Estas protestas siempre han acarreado riesgos. Especialmente desde las elecciones, el gobierno ha reprimido la disidencia, ha detenido a más de 2.000 personas, ha restringido las libertades civiles y políticas, ha intensificado la vigilancia de la población y ha censurado la comunicación en plataformas digitales y redes sociales. Además, la recién promulgada Ley de Control, Regularización, Funcionamiento y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, conocida como «ley anti ONG», erosiona la libertad de asociación y el derecho a participar en los asuntos públicos.
En esta coyuntura crítica, hay que reconocer que una paz duradera solo puede lograrse mediante un proceso inclusivo que aborde las causas profundas del conflicto, busque la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes, y aborde las desigualdades socioeconómicas subyacentes y la corrupción sistémica que han azotado al país durante demasiado tiempo. Sin un proceso inclusivo de este tipo, será imposible encontrar un camino hacia la paz y la justicia en Venezuela.
En los países que se enfrentan a violaciones masivas de derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y forje un camino hacia la paz y la justicia. Por desgracia, estas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente; en ocasiones, se cierran rápida y dramáticamente.
Esto es especialmente cierto en el caso de Afganistán. En agosto se cumplieron tres años de la caída de Kabul y la vuelta de los talibanes al poder. Tras dos décadas de un gobierno respaldado internacionalmente que se esforzaba por dirigir el país hacia una sociedad justa y digna para todos, Afganistán volvió bruscamente al autoritarismo. La frágil estabilidad que se había establecido se disipó rápidamente, dando lugar a una realidad demasiado familiar caracterizada por el miedo, la represión y la erosión de los derechos fundamentales.
En el lapso de tres años, las mujeres y niñas afganas han sido objeto de más de 100 decretos que, en conjunto, les niegan incluso los derechos humanos más básicos, como el derecho a la educación, a los servicios sanitarios, a la circulación y a la expresión. El último decreto prohíbe a las mujeres salir en público con la cara descubierta o sin la compañía de un hombre, e incluso cantar, como parte de un esfuerzo sistemático por silenciar sus voces y borrarlas de la sociedad.
Los caminos hacia la paz y la justicia son largos y difíciles. La paz sostenible y los sistemas democráticos requieren un esfuerzo considerable, una vigilancia inquebrantable y recursos sustanciales. Las normas concernientes a los derechos humanos deben impulsar todo proceso que se ponga en marcha para alcanzar dichas paz y justicia, y las necesidades y experiencias de las víctimas de abusos contra los derechos humanos deben ocupar un lugar central. Cuando se abre una ventana de oportunidad, todos, a escala regional e internacional, debemos apoyar los esfuerzos de una sociedad por aprovecharla antes de que se cierre y deje a sus miembros en el silencio y la oscuridad.
____________
FOTO: Miles de manifestantes se reúnen en la Plaza Manco Cápac en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2024, para exigir libertad, justicia y democracia para Venezuela. (beny032/Flickr)
