El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales (DDI) del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves (incluidos asesinato, violación, esclavitud, tortura, encarcelamiento ilegal y saqueo) cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia, que Kwoyelo aún puede apelar, representa un hito significativo en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas. También concluye un proceso judicial complejo que duró 13 años.
Kwoyelo fue acusado inicialmente de 93 cargos; sin embargo, en diciembre de 2023, el tribunal lo absolvió de 14 cargos y le ordenó defenderse de los 78 cargos restantes. En su sentencia, el tribunal de primera instancia desestimó y absolvió a Kwoyelo de 34 cargos y lo condenó por 44 cargos, que incluyen 10 cargos de delitos sexuales y de género.
Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda capturaron a Kwoyelo en el Parque Nacional de Garamba, en la República Democrática del Congo, en 2009. Su juicio debía comenzar en julio de 2011; sin embargo, el proceso se estancó cuando Kwoyelo presentó una petición al Tribunal Constitucional, argumentando que tenía derecho a una amnistía y que su procesamiento violaba su derecho constitucional a la igualdad de trato. El Tribunal Constitucional falló a su favor y ordenó a la DDI que detuviera el juicio. En 2015, tras una apelación exitosa del Fiscal General, el Tribunal Supremo revocó esta decisión, lo que permitió que el juicio se reanudara.
Las actuaciones previas al juicio comenzaron en 2016 y duraron casi dos años, durante los cuales el tribunal abordó varias mociones preliminares relacionadas con la jurisdicción, las leyes aplicables, la protección de testigos, la divulgación de pruebas y otras cuestiones procesales. Dado que los delitos que supuestamente cometió Kwoyelo eran anteriores a la promulgación de la Ley de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2010, el Director del Ministerio Público (DPP) no podía acusarlo en virtud de la Ley de la CPI sin infringir el principio de legalidad. Según el artículo 28(7) de la Constitución de Uganda de 1995, nadie puede ser acusado ni condenado por acciones que no constituyeran un delito penal cuando ocurrieron. Además, una persona solo puede ser condenada si la ley define claramente el delito y prescribe su pena.
En cambio, la Fiscalía presentó cargos contra Kwoyelo en virtud del derecho internacional consuetudinario y del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949. La Fiscalía también presentó cargos alternativos en virtud de la Ley del Código Penal. En 2018, la DDI confirmó los 93 cargos contra Kwoyelo, allanando el camino para que el juicio principal comenzara en septiembre de 2018.
Durante las actuaciones previas al juicio, Dominic Ongwen, uno de los cinco comandantes del LRA acusados por la CPI, se entregó y fue trasladado a La Haya para ser juzgado. Como resultado, Uganda se convirtió en uno de los pocos países que llevan a cabo procesos penales paralelos tanto a nivel nacional como internacional por crímenes cometidos durante el mismo conflicto armado. Estos procesos paralelos resaltaron las marcadas diferencias entre los tribunales en cuanto a capacidad, marcos jurídicos e institucionales, recursos e instalaciones. Estas disparidades no pasaron inadvertidas para las víctimas y sus defensores, que percibieron que los implicados en el caso Ongwen habían recibido un mejor apoyo y representación que sus homólogos en el caso Kwoyelo. En una de las audiencias, se citó a Kwoyelo como quien había solicitado que su caso fuera transferido a la CPI para poder beneficiarse de los procedimientos acelerados.
El juicio de Ongwen, que comenzó años después del de Kwoyelo, finalizó en 2021 con su condena por 61 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y una pena de prisión de 25 años. En febrero de 2024, la CPI emitió una orden de reparación para las víctimas de los crímenes de Ongwen.
Con la condena de Kwoyelo, las víctimas esperan recibir reparaciones similares a las ordenadas en el caso de Dominic Ongwen. Sin embargo, a diferencia del Estatuto de Roma, que prevé explícitamente reparaciones para las víctimas tras la condena y establece un mecanismo para su cumplimiento, la DDI carece de una disposición legislativa específica al respecto. En cambio, según las reglas de la DDI, queda a discreción del tribunal de primera instancia ordenar al condenado que pague una indemnización a las víctimas además de cualquier otro castigo legal. El tribunal también puede imponer multas u otras órdenes de reparación que considere adecuadas. Las reglas exigen que la sala de primera instancia tenga en cuenta las opiniones de las víctimas al determinar la naturaleza de las reparaciones que recibirán. Sin embargo, las reglas no describen las formas específicas de reparación ni cómo se cumplirían.
Ya que Kwoyelo lleva detenido 15 años y no tiene bienes visibles, es poco probable que se cumpla cualquier orden de reparación a menos que el gobierno asuma la responsabilidad de las mismas, como lo establecen las Directrices básicas de las Naciones Unidas sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones. Teniendo en cuenta el tiempo que ha llevado impartir justicia y la magnitud de los daños materiales, morales, físicos y psicológicos que han sufrido las víctimas, el tribunal que enjuicie el caso debe ordenar al gobierno de Uganda que proporcione reparaciones adecuadas a las víctimas de los crímenes de Kwoyelo, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
El juicio de Thomas Kwoyelo ofrece valiosas lecciones para los Estados que buscan procesar crímenes internacionales en tribunales nacionales. Una lección clave es la importancia de un marco jurídico sólido que defina claramente los crímenes internacionales, describa los derechos de las víctimas y estipule cómo pueden participar en las diferentes etapas del proceso. El marco jurídico también debe incluir disposiciones sobre reparaciones, especificar diversas formas de reparación y designar la institución responsable de implementarlas. Además, debe establecer medidas de protección de testigos para garantizar la seguridad tanto de los testigos como de las víctimas durante el proceso judicial.
Igualmente importante es adoptar procedimientos que se ajusten al sistema jurídico del país y a los recursos disponibles. Si bien la CPI proporciona normas y prácticas óptimas de vital importancia para los casos de crímenes internacionales, los tribunales nacionales a menudo no tienen la capacidad ni los recursos para cumplir esas normas. Por lo tanto, los tribunales nacionales deben crear procedimientos adecuados a sus recursos y contexto jurídico, al tiempo que garantizan que los derechos de las víctimas y el derecho de los acusados a un juicio justo se respeten sin concesiones.
El conocimiento de derecho penal internacional es fundamental para la investigación, el procesamiento y la resolución eficaces de los crímenes internacionales. Por ello, es esencial invertir en el desarrollo de este conocimiento a nivel nacional. Esto incluye la incorporación del derecho penal internacional en los programas de estudio universitarios de derecho para crear un grupo de abogados con conocimientos especializados en la materia. También es importante incluirlo en el desarrollo profesional y la formación continua de los profesionales del derecho, los jueces y los agentes de orden público que intervienen en estos casos.
El enjuiciamiento eficiente e íntegro de los delitos internacionales exige importantes recursos financieros y logísticos. El gobierno debe, en primer lugar, distinguir entre las divisiones que se ocupan de los delitos internacionales y las que se ocupan de los delitos comunes. A continuación, debe asignar recursos adecuados para realizar investigaciones exhaustivas, procesamientos eficaces y una participación significativa de las víctimas en los procesos por delitos internacionales.
Por último, es necesario invertir en la divulgación y la comunicación públicas, ya que, dada la naturaleza y la magnitud de los delitos, todos los ugandeses tienen un interés particular en conocer el desarrollo de los procedimientos judiciales y las decisiones adoptadas por los tribunales. Esta transparencia es esencial para generar confianza en el proceso judicial, disipar cualquier idea errónea al respecto y fomentar una participación significativa de las víctimas.
La conclusión del juicio a Thomas Kwoyelo marca un momento decisivo en la búsqueda de justicia para las víctimas de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en el norte de Uganda. A pesar del largo y complejo proceso judicial, la condena de Kwoyelo subraya la importancia de que los autores de crímenes internacionales rindan cuentas por sus actos. Es fundamental que el gobierno ugandés cumpla ahora con su obligación de proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas, garantizando que se reconozca su sufrimiento y se restablezca su dignidad.
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FOTO: Thomas Kwoyelo testifica en una audiencia judicial en Gulu, Uganda, en enero de 2020. (Sarah Kasande/ICTJ)
