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El campo de la justicia transicional reconoce cada vez más la importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la creciente promoción y concienciación a nivel de políticas globales, el campo carece de un enfoque sistemático de la cuestión. Ahora, un nuevo informe del ICTJ contribuye a ese enfoque.
Casi ocho años después de que el ex presidente de Gambia Yahya Jammeh abandonara el poder, el país sigue buscando justicia por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante sus 22 años de dictadura. En mayo de 2023, el Ministerio de Justicia hizo público un plan para aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación del país. Si bien el plan promete hacer justicia y reparar los daños, para que tenga el impacto previsto requiere una amplia participación pública en el proceso, especialmente de los jóvenes. Teniendo esto en cuenta, el ICTJ se ha asociado con el Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU en un proyecto para animar a los jóvenes gambianos a asumir un papel protagonista en este proceso y en el futuro del país.
El ICTJ aboga por la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en todas las iniciativas de justicia transicional y lleva a cabo investigaciones sobre las mejores prácticas para este campo. Al frente de este trabajo está la experta senior del ICTJ, Virginie Ladisch. Es la autora principal del próximo informe, 'La búsqueda del bienestar de las personas': Incorporación de un enfoque psicosocial a la justicia transicional . En esta entrevista, Ladisch analiza la importancia de la SMAPS para la justicia transicional y su trabajo sobre el tema.
En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó un evento en Seúl, Corea del Sur, para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. El experto principal del ICTJ, Rubén Carranza, habló en el evento y analizó las lecciones aprendidas relacionadas con formas no judiciales de rendición de cuentas. En esta entrevista, habla sobre por qué es necesario un enfoque más amplio de la justicia transicional y cómo las medidas de justicia transicional pueden ayudar a promover la paz y una posible reunificación en la península.

Los días 5 y 6 de junio de 2024, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) organizaron la cuarta edición del Seminario de Expertos UA-UE sobre Justicia Transicional en Bruselas, Bélgica. El consorcio que implementa la Iniciativa para la Justicia Transicional en África, liderado por el ICTJ, ayudó a organizar el evento. El seminario exploró cómo los procesos de transición pueden transformar las vidas individuales, las relaciones sociales y las instituciones estatales disfuncionales.

La vida de las mujeres sufre afectaciones diferenciales y profundas a causa de estas violaciones y cualquier respuesta oficial a ellas. A menudo, estas afectaciones son invisibles. En las sociedades que lidian con las consecuencias de atrocidades masivas, es crucial enfatizar en este tipo de experiencias puntuales si se quiere lograr su reconocimiento y reparación. Por lo tanto, se debe crear un espacio para que las mujeres víctimas compartan sus experienciasLibia es uno de esos países. Para ayudar a hacer oír las voces de las mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos allí, el ICTJ ha estado colaborando con diversas organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres desde 2019, reuniéndolas y ayudándolas a desarrollar sus capacidades.

El 13 de febrero de 2024 se abrió al público la exposición cultural interactiva “Hay futuro si hay verdad” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Como parte de las actividades de extensión cultural y educativa posteriores al cierre de la Comisión de la Verdad de Colombia, la exposición tiene como objetivo informar a los colombianos de todas las generaciones sobre los hallazgos de la comisión e inspirarlos a actuar para prevenir una recurrencia del conflicto.

El 29 de febrero de 2024, el Comité Técnico Conjunto conformado por Gambia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sostuvo su reunión inaugural sobre el establecimiento de un tribunal híbrido para atribuir responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos entre julio de 1994 y enero de 2017 durante la dictadura del ex presidente Yahya Jammeh. Un tribunal internacionalizado de este tipo representa una oportunidad para que se administre responsabilidad penal a favor de las víctimas y la sociedad gambiana. También es el paso más reciente en el camino de la justicia transicional en Gambia.

El 8 de febrero, el ICTJ celebró un evento en La Haya sobre las personas desaparecidas en Siria, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El evento reunió a activistas, periodistas, artistas y formuladores de política pública para reflexionar sobre las necesidades humanitarias críticas de las víctimas y sus familias y el papel del recién creado organismo internacional sobre los desaparecidos en Siria, cuyo mandato es, en parte, abordar estas necesidades.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.